MEXICO COP-16: LAS POTENCIAS DEBEN PAGAR LA DEUDA ECOLOGICA (EVO MORALES DISCURSO)

MEXICO COP-16: EL PLANETA ESTA HERIDO (EVO MORALES DISCURSO)

Desafíos ante la nueva frontera

Cuando las asambleas socio-ambientales cuestionan la mega-minería metalífera y afirman: “el agua vale más que el oro”, logran la adhesión de amplios sectores de la población, incluso de abrumadoras mayorías, en algunas regiones. El agua es tan necesaria para la vida como el aire que respiramos; la ecuación es sencilla: sin agua no hay vida. En cambio, podemos prescindir del oro. Pero si afirmamos: “el agua vale más que los hidrocarburos”, esa certeza entra en crisis, se establece una paridad entre ambos, aunque biológicamente podemos vivir sin consumir los derivados de los hidrocarburos. Es decir, lo que entra en juego no es la vida misma sino un modelo de vida: la Era Petrolera, que comenzó hace poco más de 150 años, es un ínfimo fragmento de la historia de la Humanidad.

La respuesta más común a esa consigna es: “vos usas tu auto y yo también”, cerrando el paso a pensar cualquier alternativa, trasladando todo el peso de la existencia de esta matriz energética al consumidor individual y no a decisiones políticas. Aceptando, por ende, la creación de zonas de sacrificio como un hecho irreversible. (Zonas de sacrificio que son territorios que albergan pueblos, culturas, ecosistemas: diferentes formas de vida.) Se evita la reflexión sobre quiénes habitan esas zonas de sacrificio y qué derechos tienen; por acción u omisión se valida la existencia de ciudadanos de segunda.

Desde el momento que se aceptan las zonas de sacrificio, se recrea el “desierto”: todo lo existente en ese lugar virtualmente desaparece, se crean una nueva geografía y un nuevo sentido del territorio con un único objetivo: extraer la energía almacenada en las entrañas de la Tierra.

Sin duda la dependencia de la sociedad actual respecto de los hidrocarburos es muy fuerte y no sólo en términos energéticos -que en Argentina representan la base de nuestra matriz-, ya que sus derivados están también presentes en el día a día: desde la ropa, el calzado y los recipientes plásticos a una amplia gama de productos que los requieren como insumo. Nuestro vínculo -dependencia- con los hidrocarburos no tiene punto de comparación con la relación que mantenemos con el oro -cuyo valor responde a una convención social más que a una aplicación material.

El punto no es dejar mañana de extraer hidrocarburos y de consumir sus derivados -ya que sencillamente es imposible-, sino empezar de una vez la transición hacia otras fuentes en lugar de profundizar la matriz existente, con sus costos socio-ambientales, sus zonas de sacrificio; y buscar otras alternativas para el desarrollo regional.

Hace años que se debate en ámbitos internacionales si hemos alcanzado o no el pico del petróleo, el Peak Oil, el fin del petróleo barato. Haber llegado a él significa que en adelante extraer hidrocarburos demandará mayores inversiones, por lo que su precio aumentará y se trasladará a toda la cadena de producción y consumo; además del incremento de los riesgos ambientales, ya que se avanza en yacimientos ubicados en aguas profundas o en ecosistemas continentales muy delicados, fuentes de biodiversidad. (En el marco del concepto de desarrollo vigente, basado en la acumulación, la muletilla de la existencia de avances tecnológicos que disminuyen esos riesgos, los controles estatales y el compromiso ambiental de las empresas, se desvanecen ante catástrofes como el hundimiento de la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México.)

La carrera del petróleo (los sueños del emirato propio)

La necesidad de seguir inyectando hidrocarburos en el mercado energético se conjuga, en nuestro país, con otra necesidad: la de inyectar fondos para las alicaídas economías regionales. En 2006, con la sanción de la Ley 26.197, culminó la transferencia de la propiedad de los hidrocarburos de la Nación a las provincias -proceso que se inició en 1994 con la reforma constitucional. Desde ese año al presente 21 de las 23 provincias se han lanzado a la carrera de licitar y adjudicar áreas de exploración -por el momento están fuera Catamarca y Buenos Aires, que ya adecuaron su legislación para sumarse a la competencia, y la Capital Federal. Una carrera que no guarda relación con las iniciativas que, desde el ámbito público, se promueven para el desarrollo de energías limpias. (Energías limpias de verdad, no agro-combustibles.)

Este fenómeno recuerda el recorrido hecho por la agroindustria con el boom del precio de la soja: un veloz desplazamiento de la frontera agropecuaria, aumentando año a año las superficies cultivadas, al costo de desmontes y desalojos de comunidades indígenas y familias campesinas. El avance de la frontera hidrocarburífera ha comenzado a levantar polvo en los departamentos salteños Gral. San Martín y Rivadavia, donde ya se escuchan protestas de comunidades wichí y familias campesinas. Nuevamente ven caer el monte bajo las topadoras, esta vez abren picadas para realizar la prospección sísmica.

Esas voces que se alzan preguntan qué pasará con el agua si avanzan con la perforación de pozos y si de los estudios surge que la extracción de gas y petróleo es rentable. Se lo preguntan porque, en algunos casos, no tienen acceso al agua en la cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna. Se lo preguntan porque no fueron informados sobre lo que se haría en sus tierras y territorios; porque las comunidades indígenas no fueron previamente consultadas; y porque -como ha sido denunciado en algunos casos- las obras comenzaron sin la aprobación de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Audiencias Públicas -todos requerimientos de la legislación vigente.

Por sus propios medios esas familias indígenas y campesinas se han enterado que durante la perforación de pozos podrían comunicarse reservorios de diferentes calidades o secarse sus actuales fuentes de provisión de agua, si no se toman los recaudos necesarios durante las operaciones. También que podrían contaminarse las napas con los productos utilizados para la lubricación de la broca que se adentra en la tierra, agujereando las rocas; o por un inadecuado manejo de los residuos generados. Se preguntan todo eso porque poco va quedando del monte que los alimenta y sustenta sus culturas. El despojo del agua sería su final.

Su temor es igual al manifestado por los pobladores de Zapala ante la adjudicación de áreas de exploración en esas latitudes. Porque bajo esa ciudad neuquina se extiende el Acuífero Zapalino, que provee agua de excelente calidad y permite la vida en esa urbe levantada en el desierto. Lo mismo en la provincia de Entre Ríos, donde temen por la suerte del Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes de la región.

Los temores no nacen de la “imaginación”, del “desconocimiento”, de la “ignorancia” que se le suele adjudicar al pueblo en estos casos; sino de casos concretos, como el de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma de La Lata, Neuquén. Ambas se levantan sobre el principal yacimiento de gas del país, cuya explotación empezó a fines de la década del ’70. Tras 20 años de actividades, promediando la década del ’90, se descubrió la presencia de hidrocarburos y metales pesados en el agua que consumían en ese paraje, sustancias que fueron halladas -en niveles alarmantes- en los cuerpos de mujeres y hombres, niños y ancianos, que explicaban su deteriorada salud. Su historia llegó a la prensa de tirada nacional, a los canales de televisión, e incluso varias películas documentan aquella situación. Y ese es tan sólo un caso emblemático, pero antecedentes de contaminación de aguas superficiales o subterráneas, de territorios degradados, pueden encontrarse en cualquiera de las 10 provincias que históricamente han extraído gas y petróleo.

La emergencia de asambleas socio-ambientales a comienzos del milenio instaló en la agenda pública nacional temáticas que resultaban marginales en años anteriores, incluso aportó una ‘dimensión ambiental’ a quienes históricamente denunciaron las políticas de saqueo de los bienes comunes. Esa emergencia instaló en amplios sectores de la población que, más allá de las necesidades inmediatas, el agua vale más que el oro. El desplazamiento de la frontera hidrocarburíferas en ciernes plantea el desafío de darle otra vuelta de tuerca a nuestra comprensión de mundo, instándonos a cambiar nuestro modelo de generación y consumo energético.

(*) Una primera versión de esta nota fue publicada en “Otros Territorios” Número 8 – Año II. Publicación digital del Parque Nacional en Pizarro.


FUENTE: OBSERVATORIO PETROLEO SUR

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NOTA

TEXTO DE LA LEY 26197

COMENTARIOS A LA 26197

UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS

ASAMBLEA CIUDADANA DE GUALEGUAYCHU

ASAMBLEA EL ALGARROBO

La amnesia petrolera en Bolivia

Refrescando la memoria del vertido

Por Marc Gavaldà.- La corta memoria de los ya de por sí ocultados episodios catastróficos de la historia del petróleo boliviano, favorece la profundización de las letales consecuencias. La – de momento – tibia reacción del pueblo boliviano ante el Decreto 0676, aprobado por el gobierno de Evo Morales el 20 de octubre de 2010, que multiplica por dos las áreas petroleras del país, se emmarca en esta amnesia generalizada que olvida los tristes acontecimientos de la historia contemporánea para tropezar una y otra vez con las misma piedra.

Un decreto para la invasión

Bolivia, con más de un siglo de historia petrolera y siglos de condena por la política extractivista de sus recursos, renueva su apuesta entregando sus tierras más ricas y bien conservadas del país a las transnacionales petroleras. La nueva ofensiva negra, adornada con los más repetidos argumentos de progreso económico para el país, sirve en bandeja millones de hectáreas de áreas protegidas amazónicas y chaqueñas, así como los últimos territorios indígenas sin invadir para que las nuevas “socias”, – con capital y domicilios deslocalizados – machaquen el territorio en la actividad más nociva del planeta.

Entre otras áreas de importancia biológica mundial, el decreto 0676 convierte en bloque petrolero más de 690 mil hectáreas del “hot spot” en biodiversidad Parque Nacional Madidi; 723 mil hectáreas en el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure, 154 mil hectáreas del Parque Nacional Aguaragüe; 100 mil hectáreas del área de manejo integrado de Iñao.

La mágica fórmula del nuevo decreto de Evo, presume de la más rentable estrategia para el Estado, pero recuerda demasiado a la nefasta “capitalización” aplicada por sus antecesores neoliberales. La empresa estatal YPFB, se adjudicó en 2007 33 áreas de interés hidrocarburífero, varias de ellas en el interior de áreas protegidas intactas. Ahora, el Decreto abre las puertas para que las corporaciones privadas ingresen en estos territorios asociadas a YPFB para inciciar la fase de exploración sísmica. En los oscuros años de la entrega -“a precio de gallina muerta”- de todas las empresas estatales, similares argumentos embaucaron al pueblo boliviano a desprenderse de todo a cambio de promesas extranjeras.

Los pasivos ambientales están ahí

Existen y están presentes en cada una de las concesiones petroleras del país – y del continente. Sin embargo, paradójicamente ningún decreto petrolero los menciona, a pesar de ser éstos aprobados bajo la envoltura del “interés nacional”. Los pasivos ambientales, son aquellas externalidades que las petroleras transfieren a los ecosistemas, a los habitantes y a las generaciones futuras. Difíciles de cuantificar- inconmesurables-, la degradación territorial, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y acuíferos, no son cuantificados en el precio del barril, ni en las regalías que percibe – y presume- el Estado. Son la golosina envenenada de la economía extractivista. Pan para hoy, hambre para mañana o peor, dinero para hoy, cáncer para mañana.

Los pasivos ambientales son la indigesta cuenta que nos llega a la mesa tras un banquete y nos corta la digestión. La clase política se deshace de ellos tras agotar el mandato, así como las empresas lo hacen vendiendo activos y cambiando de nombre. En Bolivia se los encuentra en los abortos de ganado en las orillas del Desaguadero, o en los pacús y surubís con mercurio de los ríos del Chapare. Dejan rastro por la historia del petróleo pero se olvidan con demasiada facilidad. Se los hunde en el olvido, pero resurgen bajo las piedras, transformados en malnutrición o enfermedad.

Refrescando la memoria del vertido

Ya en el profundo socavón neoliberal, se justificó la privatización para limpiar los desmanes ambientales de YPFB. De hecho, uno de los argumentos utilizados para defender la capitalización de YPFB, que significó la partición y entrega de la empresa petrolera estatal a tres consorcios transnaciononales en 1996, se refiere a los impactos ambientales que generó la empresa estatal y que sólo podrían ser enfrentados por las empresas capitalizadas. Previo al proceso se encargó una auditoría. En los resultados preliminares, las capitalizadas debían asumir una responsabilidad ambiental de 8 millones de dólares. Sin embargo, el resultado de una segunda auditoría ambiental en 1999 resultó que los pasivos ambientales ascendían a 30 millones de dólares. Estos errores cometidos en el proceso de capitalización generaron una abultada deuda ambiental para el Estado.

Posteriormente, el Decreto Supremo 24412, el Estado asume la responsabilidad de los pasivos ambientales, para hacer “más atractivos los bienes estatales transferidos”. La ampliación de la frontera petrolera al interior de la Amazonía, la construcción de mega infraestructuras de exportación y, sobretodo, la identificación de las transnacionales por el pueblo como organizaciones usurpadoras del país, generó un nuevo escenario de conflictos socio-ambientales y territoriales de las poblaciones más directamente afectadas.

De esta época destacan conflictos ambientales como el derrame del Desaguadero (Transredes, 2000, Montoya, 2002), Repsol en el TIPNIS (Gavaldà, 1999), Gasoducto Bolivia-Brasil (Crespo y Guardia, 2000), Gasoducto San Miguel-Cuiabá (OICH y Ceades, 2004) o el ingreso de petroleras en áreas protegidas (Gavaldà, 2003).

Conflictos ambientales del petróleo

Existe insuficiente documentación sobre los conflictos generados por la indústria petrolera. Un repaso documental realizado en 2008 recopiló una muestra de publicaciones que rompen el aislamiento regional de los conflictos, para, al menos en el plano comunicativo, socializar un conflicto ambiental desconocido para el público urbano. La temática del conflicto es abordada normalmente desde una perspectiva sociológica, o antropológica también en conflictos ubicados en territorios indígenas. Se hacen cuestionamientos alrededor de las estrategias de movilización y resistencia, el empoderamiento de las comunidades o el deficitario rol que cumple el Estado en su papel de mediador entre las comunidades y la empresa petrolera.

A continuación, una cronología incompleta de conflictos documentados:

Campesinos del Chapare y los pasivos ambientales de Chaco S.A (1996-)

Rotura del Gasoducto Yabog de Transredes a su paso por el río Pilcomayo, en febrero de 1997, lo trasladan al puente ferroviario generando quejas de Villamontes (1998)

Universitarios contra la exploración sísmica de Maxus en el Valle Sajta (1998)

Campesinos, yuracarés y moxeños contra la actividad de Repsol en el TIPNIS (1996-2000)

Derrame de Transredes en el Desaguadero (1999- )

Incendio en el pozo Madrejones (1999-2000)

Contaminación de Chaco SA en la comunidad Ipa- Villamontes (2000)

Contaminación en la quebrada Los Monos (2000)

Campesinos evitan entrada de Andina S.A en el interior en PN Amboró (2000)

Contaminación petrolera en el PN Aguaragüe (2003)

Construcción Gasoducto Empalme San Alberto-Yacuiba (2002)

Erosión generada por la “Perforación Exploratorio Timpoy X-1” por Chaco S.A en el Parque Nacional Aguaragüe

Marcha de pobladores de San Alberto del Gran Chaco por servidumbres y remediación de impactos de Petrobras (2005)

Negativa rotunda de la comunidad Tentayapi a entrada de Repsol-YPF en su TCO (2005,2010)

Incendio mortal en el pozo Surubí de Repsol-YPF (2005)

Petrobras intenta realizar los proyectos “Sísmica 2D Río Hondo Sur y Sísmica 2D Río Hondo Norte” en el interior de la RB Pilón Lajas ( 2005)

Impunidad Petrolera en Bolivia

Que el gobierno boliviano siga apostando por el ingreso de más corporaciones petroleras en su territorio, facilita también que se agudice la sensación de impunidad reinante para estas compañías, que hasta el momento, han eludido con satisfacción cualquier intento de ser enjuiciadas. De hecho, las corporaciones transnacionales se han constituido en complejas instituciones ramificadas, que sobrepasan las fronteras favoreciendo una impunidad corporativa. Los presidentes y cuerpos directivos de las empresas, toman decisiones desde lejanos e impenetrables despachos. Cuando los accidentes ocurren, los afectados no tienen donde recurrir y mucho menos a quien denunciar. Tampoco tienen un estamento judicial con voluntad de molestar a los poderes económicos.

Algunos episodios de impunidad petrolera en Bolivia:

- 1998: La construcción del Gasoducto Bolivia-Brasil es militarizada para impedir huelga de trabajadores bolivianos que denunciaban trato discriminatorio. Desalojan la escuela y el hospital de Carmen Rivero Torres para albergar un millar de trabajadores. Varias menores de edad quedan embarazadas (Enron-Shell y Petrobras)

- Octubre 1999: Incendio del Pozo Madrejones arde durante 3 meses, desalojando poblaciones cercanas (Pluspetrol)

- Enero 2000: Derrame de 29.000 barriles de crudo en el río Desaguadero. 127 comunidades aymaras y 3 comunidades de Urus Muratos contaminadas (Enron-Shell)

- 2002: En la construcción del Gasoducto a Cuiabá muere atropellado un joven de una comunidad Chiquitana por un auto de la empresa constructora.

- Octubre 2003: La represión en la guerra del gas mata a 67 vecinos del Alto por evitar un contrato de exportación de gas del pozo Margarita ( Repsol-YPF, BG, Total).

- Junio 2005: Incendio de una deflagración de gas del Pozo Surubí (Repsol YPF) quema mortalmente a una familia que pescaban en un humedal.

- 2005: Denuncias por trato de esclavos a familias que vigilan el Gasoducto Yacuiba Rio Grande (Repsol YPF y Petrobras).

Ninguna de estas causas han prosperado en la justicia, dando a entender que existen condiciones prácticas en Bolivia que garantizan la impunidad petrolera, porque “en el negocio del petróleo todo es efímero, hasta la identidad. Las empresas cambian sus nombres, venden sus acciones o se ocultan en una serie de acuerdos a fin de lograr condiciones de impunidad” (Maldonado y Almeida, 2006).

Posiciones contra el olvido

Las comunidades indígenas y campesinas que resisten a la nueva embestida petrolera en Bolivia, ejercen un papel determinante para recuperar la memoria social erosionada. Como ya vivió el país en 1995, los portavoces del poder – político o económico- intoxicarán al pueblo con ilusiones de progreso monetario y desarrollista. Justificarán el sacrificio de los bosques y las culturas por el interés público. Prometerán de nuevo un futuro en el país de las maravillas. Sin embargo, las comunidades locales ya han conocido el significado real de la apertura petrolera en sus territorios. Lecos, yurakarés, chimanes y moxeños se han pronunciado contra carreteras o concesiones petroleras, sean estatales o extranjeras. Posiciones como las de la comunidad Tentayapi, que obstaculiza con su rotunda y legítima negativa, las espectativas productivas del Bloque Caipipendi de Repsol-YPF, emergen como un antídoto al alzeheimer gubernamental. Ojalá la memoria se refresque antes de volver a tropezar.

FUENTE:

LINKS: 

DS 0676

BOLPRESS

CAMBIO CLIMATICO ORG

Presentacion: "El Amparo y la Justicia Ambiental"

Presentación del libro “Desmontar Pizarro”

SALTA. Jueves 9/12, 19hs. Auditorio del Complejo de Archivos y Bibliotecas de Salta. Belgrano esquina Sarmiento.

BUENOS AIRES. Martes 14/12, 19hs. Sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional. Agüero 2501.

Desmontar Pizarro fue una orden inconstitucional dictada por un gobernador de la democracia que avasalló derechos y abandonó responsabilidades institucionales.

Desmontar Pizarro es, también, nuestra propuesta ética y epistemológica para desarmar la trama de sentidos y conflictos que se sucedieron antes, durante y después de esa decisión.

Desmontar, entonces, para denunciar complicidades y comprender sucesos. Pero, sobre todo, para descubrir nuevas posibilidades y desafíos en la vida que siempre da respuestas.

Desastre ecológico en territorio boliviano - INFORME-

Los desechos tóxicos de las minas en el altiplano boliviano, han convertido en desierto lo que antes eran ecosistemas originales

Rosa Rojas*

«...Se pudo constatar cómo, desde las tolvas del ingenio de la Empresa Minera Huanuni, cae constantemente, directo al río que atraviesa la ciudad, una arena negra, que torna las aguas en espeso lodo del mismo color».

Foto: Ximena Bedregal

Los efectos de la explotación minera en Oruro han dejado pasivos ambientales desde la Colonia, agravados en los últimos 20 años por el uso descontrolado de sustancias altamente contaminantes –cianuro, arsénico, mercurio, sulfuros– y el vertido a los ríos de residuos contaminados por metales pesados por parte de empresas mineras y cooperativistas, han ocasionado un auténtico desastre ambiental en cuatro municipios del altiplano orureño: El Choro, Machacamarca, Huanuni y Poopó. En la denominada sub cuenca de Huanuni, ubicada a unos 300 kilómetros al suroeste de La Paz, cerca de 53 mil habitantes sufren la contaminación de sus aguas, la salinización de miles de hectáreas de tierras que se convierten en vastos desiertos, la enfermedad y muerte de personas y animales, el éxodo de sus hijos a otras ciudades del país o al extranjero…

Durante un recorrido por la región, que culminó en el lago Poopó, se constataron los efectos de la polución minera y la sequía. Este lago, que según Wikipedia tenía una superficie de 3 mil 500 kilómetros cuadrados y 3 metros de profundidad en 1986, ahora tiene mil kilómetros cuadrados y un metro de profundidad. Las aguas de este otrora floreciente ecosistema, se han retirado, según los lugareños, más de 10 kilómetros en algunas partes, dejando en su lugar una dura, blancuzca costra salina, que a unos dos kilómetros del espejo de agua se convierte en una capa de lodo, café en la superficie y abajo negro, denso y pegajoso como el alquitrán, sobre el que hay que caminar descalzo porque te arranca los zapatos. Las poblaciones de aves silvestres cuyo habitat era el lago, entre ellas patos y flamencos, se han reducido drásticamente; los totorales (plantas acuáticas ribereñas) son inexistentes en esta parte del lago. De las toneladas de pejerrey que se pescaban aquí sólo queda el recuerdo…

Varios kilómetros antes de la ribera empiezan a encontrarse sobre la costra de sal botes de pescadores y redes abandonadas, algunos pececillos momificados, plumas de flamencos blancas y rosadas…

El líquido que alberga el Poopó, el segundo lago mayor del país después del Titicaca, es ahora salobre y su fondo se ha ido llenando de sedimentos contaminados de minas (colas en el argot minero) que, según la Coordinadora en Defensa de la cuenca del río Desaguadero, lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP), arrastra el río Huanuni desde la mina del mismo nombre, la más grande del país, operada por la estatal Comibol (Corporación Minera de Bolivia) a través de la Empresa Minera Huanuni (EMH).

El río Huanuni, que tiene varios nombres en sus diferentes tramos, entronca con el río Desaguadero, que a su vez nace en el lago Titicaca. Uno de los brazos de este río desemboca en el lago Poopó y otro, el izquierdo, llega al lago Uru Uru, situado en el límite sur de la capital orureña, y después al Poopó.

El Desaguadero, cuyo cauce tenía entre 8 y 12 metros de ancho por unos tres metros de profundidad a su paso por las comunidades altiplánicas orureñas, recoge además, en su recorrido de 360 kilómetros, las aguas ácidas y colas de otras minas y las aguas servidas y basura de ciudades y poblaciones ribereñas.

En la región operan las minas Kori Chaca y Kori Kollo (de la empresa Inti Raymi), Japo, Sinchi Wayra, La

Candelaria, Tiawanaku, Morococala, Cominur, además de las explotaciones de cooperativas como la Poopó y del Carmen, cuyos residuos van a dar al río, explicó don Ángel Flores, vicepresidente de CORIDUP.

Esa organización aglutina a 80 comunidades que desde el año 2000 luchan para que las mineras –estatales,

privadas o cooperativas– respeten a la madre tierra, Pachamama, cumplan la legislación del país y remedien los daños a la salud humana, el ambiente y la economía que les han ocasionado.

Con don Ángel se hizo el recorrido desde Huanuni hasta la comunidad de Cochipiacala, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Oruro, donde el río Desaguadero es en estos días un arroyuelo de no más de un metro de ancho y unos pocos centímetros de profundidad. Para llegar ahí manejamos dos horas por una huella sobre la pampa salitrosa, donde ya no crece nada, ni la ruda paja brava altiplánica, ni otras especies de pastos como la cebadilla, que servían para alimentar rebaños de llamas, ovejas y vacunos; ni una brizna de hierba. De los totorales sólo queda un manchoncito de pequeños brotes en una orilla de ese arroyo salado.

Esta región era netamente ganadera, pero si todavía nace algún forraje los animales «lo comen pero no se alimentan y mueren de diarreas y otras enfermedades ». Se sembraba quinua y papa fundamentalmente para autoconsumo «pero ya no da», explicó, en otro recorrido, Florián Quispe, secretario general de la CORIDUP, quien relató que en su comunidad, Quesu Quesuni, él pastoreaba en su infancia las ovejas desde el río, en una barca de totora. Según la organización, la sedimentación del cauce del Desaguadero, prácticamente aparecida en ocho kilómetros, se debe a las colas de la EMH y a la basura de la ciudad de Huanuni, que también va a dar al río.

Don Ángel señaló que urge dragar el río y rehacer el cauce antes de la época de lluvias para evitar que las aguas ácidas (copajira) se rebalsen a otras tierras que aún pueden salvarse, ya que en Cochipiacala, Municipio de El Choro, por lo menos mil 500 hectáreas ya están perdidas, cifra que asciende a 12 mil hectáreas en la comunidad de Santo Tomás, según el comunario Jaime Caichoca.

Por su parte el gerente de la EMH, Marcelino Quispe López, en conversación vía telefónica, negó que la sedimentación y contaminación tanto del río Desaguadero como del lago Poopó, se deban al vertido de los desechos de la mina al río Huanuni, que dijo, ha trabajado así «desde el tiempo de los españoles».

Sin embargo, se pudo constatar cómo, desde las tolvas del ingenio de la EMH, cae constantemente, directo al río que atraviesa la ciudad, una arena negra, que torna las aguas en espeso lodo del mismo color.

Sobre las medidas para combatir la contaminación de la EMH, afirmó que «obviamente tiene que haber tratamiento de aguas, tratamiento de la basura, todo eso, pero vamos a ir programando paulatinamente…», e indicó que está en construcción un dique de colas que tendrá capacidad para residuos de 5 años. Ello pese a que se estima que la mina tiene una vida útil de por lo menos 20 años más.

Don Angel confió en que con el Decreto Supremo 0335, del 21 de octubre de 2009, que le arrancaron al presidente Evo Morales Ayma con una marcha de la CORIDUP a La Paz, en el que se declaró «situación de emergencia de carácter departamental» –referida a los cuatro municipios mencionados– haya avances, «más allá de reuniones y papeles» en la remediación ambiental de la región, porque ya cumplió un año el decreto «y en las comunidades no se ha movido ni una pala».

En dicha norma se establecen seis líneas estratégicas para proyectos de mitigación, tratamiento y control ambiental de la contaminación minera, que a un año de su promulgación no acaban de programarse, si bien ya hay un convenio con la Unión Europea para financiarlos por 14 millones 210 mil euros, de los cuales el gobierno boliviano aportará 3 millones 275 mil.

Para conocer los avances en la ejecución de los programas contemplados en el decreto 0335, se solicitó en repetidas ocasiones al Ministerio de Medio Ambiente, entrevistas con los responsables del seguimiento de los mismos.

Las gestiones fueron infructuosas. Sin embargo, el 9 de noviembre, en declaraciones al diario La Patria, de

Oruro, el técnico de la CORIDUP, Limbert Sánchez, informó que al margen de los trabajos que desarrolla

la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), las otras entidades no proceden con trabajos de impacto,

como el ministerio de Desarrollo Rural con la dotación de semillas.

Añadió que después de reunirse con los ministerios involucrados en ejecutar proyectos para contrarrestar la contaminación, sólo se tiene comprometido el envío de seis médicos para atender las enfermedades de los pobladores y algunos cursos de cuidado ambiental comprometidos por el Ministerio de Educación.

Por su parte Florian Quispe, secretario de CORIDUP, informó vía teléfono que con ayuda de la 

cooperación europea, se empezarán a perforar, en diciembre, 15 pozos profundos para abastecer de agua

potable a las comunidades de Quesu Quesuni, Puñaca y Quería.

* Rosa Rojas es periodista mexicana.

FUENTE: Periodico mensual PUKARA (Dic. 2010)

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http://www.cedla.org/obie/content/181

MEXICO COP-16: Rechazo contundente a la REDD en movilización de La Vía Campesina

Participan en la marcha representantes de los gobiernos de Bolivia y Paraguay

(Cancún, Q. R., México, 7 de diciembre) En medio de un operativo policial excesivo, unas diez mil personas recorrieron las calles principales de Cancún en la Marcha Campesina Indígena y Social convocada por La Vía Campesina, bajo una consigna muchas veces repetida que sintetizó las demandas de los manifestantes: Cochabamba sí; REDD no.

Ha sido muy valiente La Vía Campesina al salir a las calles, ya que había muchas presiones y fuerzas que se oponían a que se movilizara o sugerían que lo hiciera de un modo light, dijo Paul Nicholson, integrante de la coordinación internacional del movimiento campesino.

El contingente se movilizó buena parte del día, en una jornada que inició desde las 8 de la mañana y concluyó hasta las 5 de la tarde, con recorridos a pie y en autobús. Nicholson subraya el tema reiterado en varios idiomas y en formas diversas, incluso artísticas, durante la marcha: “Nuestra demanda es no a la REDD y no a las falsas soluciones, nosotros queremos la aplicación de medidas de cambio sistémico que vayan a la raíz de la crisis climática.”

El dirigente campesino proveniente del País Vasco informó que durante el día hubo foros, marchas y otras acciones en más de 37 países, atendiendo el llamado de La Vía Campesina para crear Miles de Cancún, con el fin de presionar globalmente sobre las negociaciones de la cumbre del clima.

“Los de la COP16 viven en otro planeta, incluso el lugar donde se reúnen lo evidencia: el Moon Palace, son lunáticos que viven fuera de la realidad. Nosotros, en cambio estamos en la Tierra en la lucha por la vida”, ironizó Nicholson.

Alberto Gómez, representante de La Vía Campesina Región Norte de América, coincide: “Es necesario que los gobiernos representados en la COP16 dejen de hablar de negocios y se pongan a hablar del clima; la REDD y los mercados de carbono son sólo negocios y oportunidades para la expansión del dominio de las empresas trasnacionales.

“Demandamos que el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba sea considerado en el documento de negociación para que los países ricos se comprometan a reducir sus emisiones de gases invernadero a la mitad antes de que termine la presente década, y sea instituido el Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, entre otras medidas”, añade.

“La agricultura campesina enfría el planeta, y puede garantizar el derecho a la alimentación para todos, mediante políticas que impulsen la soberanía alimentaria”, afirma Gómez.

Solón y Lovera en la marcha

Asistentes a la COP16, Pablo Solón y Miguel Lovera, embajador de Bolivia ante la ONU y asesor de la Presidencia de Paraguay, respectivamente, fueron al encuentro de los manifestantes y se integraron a la marcha hacia las 13:00 horas.

Ellos tomaron la palabra en la asamblea de los pueblos realizada a medio kilómetro de la valla policial que impedía el paso en el camino al Moon Palace, a la altura del aeropuerto.

Solón dijo que hay un cambio sustancial en las negociaciones en el espacio de la COP16 con relación a años anteriores, ya que ahora la discusión está instalada adentro y las propuestas de la sociedad están siendo escuchadas directamente y tomadas en cuenta por muchas delegaciones.

“Nuestra voz es su voz, tengan confianza en que sus propuestas estarán reflejadas en las negociaciones”, dijo Solón en su intervención ante los manifestantes.

El delegado ante la COP16 por Paraguay, Miguel Lovera, enfatizó el impacto de la crisis del clima en la vida y salud de las personas y contabilizó en 300 mil las muertes al año ocasionadas por este fenómeno.

“Es necesario bajar el consumo, tenemos que reducir la codicia, debemos dejar de despilfarrar los recursos necesarios para que todos vivamos bien”, para poder revertir la crisis ambiental, dijo.

Después de varios oradores de las organizaciones convocantes como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Movimiento de Liberación Nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas y La Vía Campesina, los manifestantes regresaron ordenadamente al campamento, sin incidentes que lamentar.

Mañana continuarán las actividades del Foro Global “Por la Vida y la Justicia Ambiental y Climática”, hasta el día 10 de diciembre, en el campamento que La Vía Campesina y organizaciones aliadas instalaron en Cancún.

FUENTE: Equipo de Comunicación de la CLOC/Via Campesina Fotos: Philippe Revelli / La Vía Campesina

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MEXICO COP-16 Vía Campesina: “De esta cumbre va a depender la vida del planeta”

Así lo señaló el líder de la agrupación Vía Campesina, Olegario Zacarías. Fue durante su intervención en los foros alternativos que se realizan en la ciudad mexicana de Cancún en el marco de la Cumbre sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas.

Vía Campesina. Cumbre de Cambio Climático

En diálogo con Púlsar, el líder agrícola señaló que los países del Grupo de los 8 tendrán que dar muestras de sensibilidad para reducir los gases de efecto invernadero por lo menos en un 50 por ciento.

Zacarías apuntó que "no sería bueno que la cumbre fracasara". Y consideró que "de ella dependerá la vida y la existencia en este planeta".

Aunque sostuvo que el éxito o el fracaso del encuentro "dependerá de las posiciones de los países ricos".

Asimismo, señaló que "los productores de pequeña escala se han puesto en movimiento” porque desean que "a partir de este foro los ministros dejen de pensar en los intereses de las trasnacionales".

Por otra parte, el dirigente de Vía Campesina sentenció que el Estado mexicano se encuentra subordinado a los intereses de los países ricos en la cumbre de Cancún.

Se dijo decepcionado de la posición de México y evaluó que no cree que se logre "un resultado satisfactorio para la comunidad". Por último, el referente campesino ratificó que en el pacto de Cochabamaba las bases se juntaron "para llegar a acuerdos que beneficien a la toda la humanidad".

Más de 30 mil personas suscribieron en abril el pacto de Cochabamba en la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.

Allí aprobaron la creación de un Tribunal de Justicia Climática y la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

FUENTE: PÚLSAR

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LA VIA CAMPESINA

MEXICO COP-16 Ambientalistas: “No al fondo verde del Banco Mundial”

Unas 80 personas rechazaron la internvención del Banco Mundial en causas ambientales. Fue durante una movilización en Cancún. Allí se realiza la Cumbre del Cambio Climático de Naciones Unidas.

Los activistas se movilizaron desde el Palacio de Gobierno de Cancún hasta una sede de la empresa Walmart.

Repudiaron la participación del Banco Mundial en temas relacionados con el cambio climático.

Antes de la movilización, la sede del Gobierno de Cancún fue aseguardada por personal antimotines de la Policia Federal mexicana.

La activista social Miriam Djeordain, del Klima Forum 10, señaló que "es desmedida la cantidad de seguridad en la Cumbre del Cambio Climático".

"Los grupos ambientalistas solo venimos a denunciar las falsas soluciones que discuten los lideres mundiales".

FUENTE: PÚLSAR

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NOTA

KLIMAFORUM 10

ACTIVIDADES DE KLIMAFORUM ONLINE

CAMBIEMOS EN SISTEMA, NO EL CLIMA. DECLARACION KLIMAFORUM 10

MEXICO COP-16: “El modelo económico no es adecuado para resolver la crisis climática”

Así lo sostuvo el Director del Polaris Insitute de Canadá, Tony Clarke. Fue durante su participación en el Foro global por la vida, la Justicia ambiental y social.

COP 16 Encuentros alternativos.

En diálogo con Púlsar, el especialista detalló que el actual sistema financiero ha llevado a un nivel insostenible la extracción de recursos naturales para la producción de bienes y servicios.

Añadió que este modelo es el responsable del dilema ambiental en el que se ubica el mundo actualmente.

En otros temas, Clarke reconoció el respaldo de al menos 40 naciones al plan de accion surgido de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, que se aprobó en Cochabamba, Bolivia, en abril de este año.

Sobre las actividades alternativas a la Cumbre climática, el ambientalista consideró que los encuentros entre el sector campesino y otros movimientos sociales tienen un impacto importante.

Indicó que pueden ser un contrapeso real a las negociaciones de los líderes del mundo para crear una presión efectiva que permita lograr la reducción del 50 por ciento de los gases de efecto invernadero.

Por último, el Director del Polarís Institute ratificó que este tipo de encuentros "infunde nuevas esperanzas al movimiento social y genera una serie de compromisos por parte de activistas sociales para tejer alianzas con otros movimientos sociales".

FUENTE: PÚLSAR

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SITIO OFICIAL DE LA COP 16 MX

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS

RECHAZO DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DE PERU A LA NUEVA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Comuneros de la selva peruana rechazan Ley Forestal

Organizaciones indígenas de la selva peruana rechazan el intento del Gobierno de aprobar Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Señalan que la norma permitirá la venta de los bosques a capitales extranjeros.

Protesta. Contra la Ley Forestal.

Las organizaciones indígenas protestan desde el domingo en la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto. Es en rechazo a la intención del Gobierno peruano de aprobar una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Las comunidades aseguran que la medida facilitará la venta de bosques a empresas extranjeras. Las comunidades integran la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

El vicepresidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente, Manuel Ramírez Santana, denunció que congresistas de la Comisión Agraria del Parlamento peruano llegaron a Iquitos para tratar de validar la propuesta de Ley con supuestos dirigentes indígenas. Sin embargo, Santana señaló que no tienen la representatividad de las comunidades amazónicas.

El representante de las comunidades de oriente señaló que para intentar validar la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre utilizaron a una organización indígena de dudosa reputación llamada Coordinadora de Pueblos Indígenas de la Amazonia.

Y acusó a esa organización de convocar a seudos dirigentes y con ellos validar la norma impulsada por el Gobierno.

Similar cuestionamiento presentó el presidente de la Red Ambiental de la región Loreto, Paúl Mc Auley, y lamentó que el único interés del Ejecutivo peruano sea cumplir con una exigencia del Gobierno de los Estados Unidos como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC).

El ambientalista explicó que "la nueva Ley Forestal va a decidir el valor de las concesiones forestales y que pueden ser entregadas sin ningún concurso".

Ante la polémica desatada por el intento de aprobar esta cuestionada norma, el presidente de la Comisión Agraria del Congreso Peruano, Aníbal Huerta, dijo que sólo recogerán las impresiones de pobladores indígenas de la amazonía y la someterán a un nuevo debate en el Poder Legislativo.

Las organizaciones indígenas continuarán con su protesta hasta que el Gobierno cumpla con convocar a los verdaderos líderes indígenas. Para que se debata sobre los beneficios y las amenazas de la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

FUENTE: PÚLSAR

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servindi.org

TEXTO COMPLETO DECRETO LEGISLATIVO 1090

LEY 27308

ABRA PAMPA JUJUY EN PIE DE LUCHA CONTRA LA MEGA MINERIA A CIELO ABIERTO

Mediante ordenanza se prohíben las explotaciones mineras a cielo abierto en la jurisdicción municipal de Abra Pampa.

En una sesión especial del consejo deliberante de la ciudad de Abra Pampa que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), durante la mañana del día martes 30 de noviembre del presente año; se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que fuera presentado por el Concejo Departamental de Comunidades, donde se prohíbe las explotaciones mineras a cielo abierto en el ámbito de la jurisdicción municipal de Abra Pampa que comprende un territorio de 32 comunidades aborígenes.

La sesión duro dos horas y media, en la misma estuvieron como oradores representantes de diferentes comunidades, representantes de organizaciones e instituciones del medio entre las que se encontraban las educativas y otras quienes, expusieron según lo establecía el reglamento por un tiempo de diez minutos por expositor. Luego de las diferentes exposiciones se dio lugar al debate entre los concejales quienes se manifestaron a favor del proyecto de ordenanza luego del debate de los concejales se fue a votación donde por unanimidad quedo aprobada la ordenanza. Es importante mencionar que en esta sesión no se encontraba el concejal Juan Vilca Quien informo mediante acta que se encontraba a cargo de la intendencia de la municipalidad de Abra Pampa y quienes estuvieron presentes fueron los concejales: Facundo René Machaca, Alfredo Norberto Tinte, Walter Cesar Díaz, Aldo Facundo Gutiérrez y Godofredo Garay.

Si bien el tema de las explotaciones mineras a gran escala es un tema que todavía se sigue discutiendo en el ámbito de las comunidades el “Concejo Departamental de Comunidades” no fue ajeno a este proceso que llevan las mismas en defensa del territorio, siempre promoviendo el bienestar y equilibrio natural en el marco de una armonía y respeto con el entorno natural considerado en el ámbito de los pueblos originarios como madre “Pachamama”; y tal es asi que el julio de este año se formo una comisión reducida para la elaboración de un proyecto de ordenanza con el objetivo de prohibir la minería a cielo abierto, la misma estuvo compuesta por las comunidades de Rachaite, Guadalupe de la Peña, la representante del Foro de Agricultura Familiar, el titular del Concejo de Participación indígena por el Pueblo kolla y el presidente del Concejo Departamental de Comunidades, quienes trabajaron durante un mes en la elaboración del proyecto que luego fue presentado en el Consejo Deliberante en el mes de agosto previo consenso con los comuneros en asamblea.

En la fundamentación del proyecto plantea en primera instancia es el atentado a la cosmovisión de los pueblos originarios en la manera que las multinacionales mineras llevan a cabo la explotación, tales como romper con el equilibrio armónico con la naturaleza ya que la mayoría de las comunidades pertenecientes a la jurisdicción de Abra Pampa viven de la agricultura, ganadería, artesanías y la minería artesanal y una explotación minera con la modalidad de cielo abierto rompería el ciclo del calendario agrícola, ganadero, ademas del equilibrio natural y la relación con los animales y las plantas del lugar. Por otro lado el proyecto plantea el impacto ambiental que los mega emprendimientos mineros generan mas aun en el proceso de lixiviación ya que se realiza un uso irracional del agua consumiendo grandes volúmenes y como bien se sabe este es un recurso escaso a nivel mundial, ademas para este proceso de lixiviación se utiliza sustancias toxicas como el cianuro que producen daños irreversibles en la tierra, agua, aire en la vida de las personas, animales y plantas de la región. Tambien los comuneros presentes plantearon los antecedentes a nivel provincia y país de las ordenanzas que existen como la del municipio de Tilcara y la comisión municipal de Cangrejillos.

Por ultimo el presidente del Consejo Departamental de Comunidades José Reinaldo Sajama reafirmó la lucha al decir que “la lucha en contra de los mega emprendimientos mineros no termina en una ordenanza sino que continúa, la ordenanza es solo una herramienta más para fortalecer la lucha”.

 

FUENTE: VIA MAIL

 

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